La fiscalía investiga "sueldos" de directivos de Cajas De Ahorros Españolas

Hasta hace unos meses, las noticias sobre los "sueldos" de los directivos o los consejeros de una caja de ahorros apenas tenían trascendencia. "Caja Navarra pagó en 2010 dos millones de euros en sueldos directivos" o "La cúpula de Catalunya Caixa cobra 1,86 millones en seis meses" eran titulares que mostraban los altos sueldos que se pagaban en el sector financiero, pero no pasaban de ahí.

La percepción de estas informaciones cambió radicalmente cuando esta industria, de retribuciones privilegiadas, se tuvo que echar en manos del Estado para evitar su bancarrota. Con tres cajas nacionalizadas, otras tres intervenidas, y un banco (participado por una caja) también controlado por el supervisor, la tolerancia hacia los sueldos escandalosos ha terminado.

El principal cambio proviene de la actitud de la administración de justicia. Tras hacerse pública la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".

El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia. En este caso, Anticorrupción investiga dos interrogantes de la gestión de la entidad: por qué sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, y hasta qué punto son legales las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. Fue el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) el que tuvo la iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara los hechos.

El último paso de esta escalada son las investigaciones de oficio. Es lo que ha hecho la Fiscalía Superior de Cataluña, que el viernes anunció que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".

La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.